Senadores y expertos plantean Fiscalía Anticorrupción autónoma, con músculo y transparencia para actuar


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Senadores y especialistas analizaron la designación pendiente del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, también llamada la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la inauguración del foro “Sin Fiscalía no hay combate a la corrupción”, realizado en la antigua sede del Senado.

El senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que el Senado ha recibido “fuertes presiones” para que se realice de inmediato la designación del Fiscal Anticorrupción, aún y cuando especialistas y voces ciudadanas, se pronuncian para que primero se hagan las reformas legales necesarias, a fin de que pueda tener un desempeño efectivo; “primero la institución y después el nombre”.

Consideró que la reglamentación que expidió recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) para el funcionamiento de la Fiscalía Especializada, constituye un acto de presión. Además, agregó, es evidente su intención política de acotarla, pues le impide su capacidad investigadora, su vida institucional propia y la reduce a ser una oficina más de la PGR.

Señaló que para el Grupo Parlamentario del PAN ha quedado demostrado que, además de la Fiscalía Anticorrupción, se requiere una Fiscalía General de alta confiabilidad que esté libre de vínculos personales y relaciones políticas comprometedoras, y que tenga plena autonomía constitucional.

A su vez, el senador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, expresó que no se puede permitir que haya un fiscal de nueve años ni un pase automático; tampoco, agregó, una Fiscalía Especializada subordinada al Fiscal General de la República, cuando no hay contrapesos.

Mencionó que es indispensable hacer una ley que realmente combata la corrupción, “que tenga dientes, que tenga quijada, que tenga músculo y que tenga, sobre todo, la transparencia para poder actuar”.

Para el senador del Grupo Parlamentario del PT, Luis Humberto Fernández Fuentes, es urgente dar potencia al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a través de un Fiscal fuerte, con una institución que tenga credibilidad y los alcances suficientes para que sea funcional en este momento.

Sostuvo que sí se debe nombrar al fiscal anticorrupción, pues no podemos iniciar el SNA mocho ni lo podemos iniciar incompleto; pero precisó, “esto no significa que tengamos cualquier fiscal en cualquier forma”.

Graco Ramírez Abreu, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expresó que si el SNA no cuenta con una fiscalía sólida y con suficiente autonomía, de poco serviría y “estaríamos ante una acción de simulación”, por lo que se requiere que tenga todas las condiciones de independencia técnica y jurídica para que actúe con toda transparencia y responsabilidad.

El gobernador de Morelos consideró necesario resolver en este periodo de sesiones los temas pendientes de seguridad pública, de seguridad nacional y de la política anticorrupción, ya que urge reconstruir la vida institucional; de lo contrario, advirtió, de seguir en esta indefinición se agudizará la crisis y la lucha contra la corrupción sólo será una simulación.

Informó que, en la próxima reunión de la Conago, propondrá la pertinencia de discutir un código de conducta de los gobernadores, porque sería lamentable “que viendo la situación de desprestigio” es pertinente que los Ejecutivos estatales discutan el tema.

Posteriormente, en la mesa de análisis sobre seguridad interior, María Elena Morera Mitre, de Causa en Común, destacó la necesidad de legislar para tener mecanismos que regulen las tareas de las Fuerzas Armadas, para que tenga temporalidad su actuación y objetivos bien definidos, a fin de que no estén sobreexpuestas.

Mencionó que, dadas las condiciones actuales, el retiro del Ejército dejaría desprotegida a gran parte de la población en lugares donde la policía, o no es confiable o es plenamente débil.

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, indicó que este año podría terminar con 30 mil víctimas de homicidio doloso, lo que equivale a 24 asesinatos por cada 100 mil habitantes, la cual podría ser la tasa más alta desde 1965; consideró que se trata de una situación de crisis que está siendo alimentada por muchas razones.

Graco Ramírez, gobernador de Morelos, dijo que es pertinente debatir integralmente el modelo se seguridad, para que no se establezca únicamente la legislación de la intervención de del Ejército y para hacer que los gobernadores se comprometan a dejar de tener a las Fuerzas Armadas en sus estados y se ocupen de formar policías en sus entidades.

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