Congreso pide a Segob, SEP y gobierno de Oaxaca informe sobre los hechos en Nochixtlán


  • Solicita también notifiquen de las acciones que se tomarán para restablecer la gobernabilidad en Oaxaca.
  • Se conformará una comisión plural de legisladores que dará seguimiento a los acontecimientos en dicha localidad.

 

La Comisión Permanente solicitó a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), que presenten ante el Poder Legislativo un informe respecto a las investigaciones sobre los acontecimientos registrados el pasado 19 de junio, en Nochixtlán, Oaxaca, y se finquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

 

Además, el punto de acuerdo establece que la Comisión Permanente condena los hechos violentos en Nochixtlán, exhorta a las autoridades a investigar, y a se finquen responsabilidades correspondientes.

 

Expresa su solidaridad a las personas heridas, condolencias a los deudos de las personas fallecidas, y solicita a los titulares de la Segob, SEP y al gobernador de Oaxaca que remitan un informe a esta soberanía, donde expongan las causas de estos hechos, así como las acciones que se adoptarán para restablecer la gobernabilidad en la entidad.

 

La Comisión Permanente acordó también la creación de una comisión plural que dará seguimiento a los acontecimientos en Nochixtlán.

 

La comisión plural para dar seguimiento al caso podrá solicitar la comparecencia de cualquier autoridad, esto al aprobarse una modificación al acuerdo de la Mesa Directiva, a propuesta del diputado Omar Ortega Álvarez, quien a nombre del PRD lamentó la muerte de personas inocentes, así como las afectaciones sociales y económicas a la entidad.

 

Al hacer uso de la tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Fidel Demédicis Hidalgo aseveró que “es momento de que el Senado tome con seriedad y responsabilidad los acontecimientos que se agudizan en el país. He estado pendiente de los cabildeos, y estoy seguro de que entre más tardemos en entrarle a este asunto, más muertos, reprimidos y despedidos puede haber, porque quienes gobiernan han caído en el problema del autoritarismo y cerrazón al diálogo”.

 

Condenó el uso de la fuerza y convocó a las autoridades de gobierno a evitar actos de provocación a partir del uso de protocolos en el control de manifestaciones, apegados a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

 

El diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social (PES), destacó que nadie puede dudar que ser maestro ennoblece; sin embargo, apuntó que existen “profesores cuyo ejemplo de vida es impresentable”, pues infiltran sus intereses políticos-electorales.

 

Estableció que el interés superior de la niñez y su derecho a la educación, está por encima de los intereses políticos, por lo que la responsabilidad de las autoridades de Estado es garantizar la legalidad y la protección de las garantías de las niñas y niños.

 

El diputado Francisco Javier Pinto Torres, de la fracción del Panal, se pronunció por porque se exija a las autoridades del gobierno federal y estatal una investigación exhaustiva sobre la actuación de las fuerzas del orden público.

 

Reconoció que si bien las manifestaciones pueden derivar en situaciones inconvenientes, el hecho es que la educación es un importante factor de movilidad que genera condiciones para el fortalecimiento de la sociedad.

 

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Jorge Álvarez Maynez lamentó que se pretenda minimizar la violencia en Oaxaca, y destacó que de los ocho muertos ninguno es maestro, cuando esto debería ser un motivo más de preocupación pues la presencia de personas ajenas al movimiento y a las mismas corporaciones policíacas, significa que “el problema ya escaló el ámbito magisterial”.

 

Dijo que prevalece una “justicia selectiva” en la reforma educativa, ante la persecución y encarcelamiento de líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuando se deberían atacar de fondo factores que realmente frenan el desarrollo de la educación, como el hecho de que 50 por ciento de las escuelas no cuentan con servicios básicos, en tanto que 40 por ciento de los menores no tienen acceso a un maestro de inglés o de computación.

 

En lo anterior coincidió la diputada Rocío Nahle García, de Morena, y señaló que en el desbordamiento de la violencia tienen responsabilidad tanto autoridades de gobierno como del Congreso, pues los maestros acudieron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a solicitar diálogo.

 

Se pronunció en contra de mantener la reforma educativa, al considerar que esta no resolverá problemas de fondo señalados por el Colegio de México, como que 32 millones de mexicanos se encuentren en rezago educativo, de los cuales cinco millones son analfabetas; a ello se agrega que diez millones de infantes no concluyen la primaria, y 16 millones no terminan la secundaria.

 

El senador del Grupo Parlamentario del PT, Héctor Adrián Menchaca Medrano, coincidió en que los legisladores pudieron haber evitado la desgracia en Oaxaca, pues apenas el martes en la Segunda Comisión se atendió la petición del CNTE, firmada el 31 de mayo, de instalar una mesa de trabajo con la Comisión Permanente, pero no se le dio el debido seguimiento y se recibió hasta el ocho de junio.

 

“La Comisión Permanente no puede ser indiferente ante estos hechos”, en los que se derramó sangre tanto de policías como de maestros, “ambos grupos son pueblo”, acotó, mientras llamó al gobierno federal a abandonar la vieja línea de autoritarismo y represión.

 

A nombre del PVEM, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama dijo que de frente al proceso de transición que vive México por las reformas estructurales, es necesaria la cooperación activa de todas las instituciones y autoridades de Estado, así como agrupaciones civiles, involucrados en el proceso educativo.

 

Sostuvo que la reforma educativa no atenta contra los derechos laborales, sino que es un instrumento para mejorar la educación, al agregar que “los verdaderos maestros están abiertos al diálogo y no buscan la confrontación, no atentan contra el derecho de tránsito ni exigen el cumplimiento de demandas, a diferencia de los miembros de la CNTE”.

 

En el mismo tenor se pronunció el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, al lamentar “la muerte de personas inocentes,  por decir no al diálogo”, así como reprochó que se registre la desaparición de personas; se bloquee el libre tránsito y la inversión en Oaxaca.

 

Consideró que el gobierno federal debe esclarecer si la Policía Federal apegó su acción a los protocolos de legalidad y de protección de los derechos humanos, que son base fundamental de toda nación.

 

A nombre del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks hizo un llamado a los legisladores de todos los partidos a “olvidar los puntos de vista divergentes, para solidarizarse con las víctimas. Frente a los hechos, la responsabilidad recae en nosotros porque esta experiencia no puede repetirse, La obligación del Congreso debe centrarse en el corto plazo”.

 

Consideró que no se pude exculpar a manifestantes y policías, pues en Nochixtlán “no hubo víctimas buenas y víctimas malas, hubo una gran tragedia. Refrendó el llamado al diálogo porque sólo se logrará cristalizar el éxito de la reforma educativa con acuerdo de voluntades tanto de las autoridades de gobierno como de los líderes magisteriales.

 

En representación del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Sofío Ramírez Hernández aseguró que su partido está en contra del uso de la violencia y la ausencia de protocolos de salvaguarda de los derechos humanos por parte de la autoridad, pero lamentó que se pretenda responsabilizar a la reforma educativa de los movimientos de protesta y confrontación con la autoridad.

 

“No comparto que se diga que todo esto lo generó la reforma educativa, les recuerdo que en Guerrero, en 2011, tuvimos jóvenes que perdieron la vida; Oaxaca ha estado en constantes circunstancias de grandes movimientos que ponen en riesgo la gobernabilidad, la integridad física y la vida de la población, igual en Chiapas.”, concluyó.

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